Recientemente varios diarios han publicado noticias acerca de inquilinos que ofertan viviendas turísticas sin el conocimiento de los propietarios.
El caso más notorio ha involucrado a la empresa de alquiler turístico Airbnb en la que un inquilino que presuntamente formaba parte de una mafia ofertaba un piso turístico sin licencia y sin conocimiento de los propietarios de la vivienda. Cuando los propietarios tuvieron conocimiento de lo que estaba sucediendo en su propiedad tuvieron que recurrir a la misma plataforma para arrendar su piso y una vez dentro proceder a cambiar la cerradura.
Esta situación se repite una y otra vez, aunque en la mayoría de contratos de arrendamiento de una propiedad se incluye una cláusula que especifica la prohibición de subarrendar parcial o totalmente la vivienda.
Lo que muchos arrendadores de Barcelona desconocen es que el Ayuntamiento de Barcelona establece una cláusula en su guerra contra el alquiler de pisos turísticos en Barcelona en la que los propietarios se encuentran totalmente indefensos, puesto que el Ayuntamiento de Barcelona los considera Responsables Solidarios junto a los inquilinos y aunque demuestren no tener conocimiento de dicha actividad prohibida se les impone un expediente sancionador con multas que van de 30.000€ hasta 600.000€. La única salida que ofrece el Ayuntamiento a los propietarios es pagar o destinar la vivienda como uso social durante 60 meses y una sanción del 20%.
El Ayuntamiento pretende así favorecer a los más indefensos y combatir la proliferación de pisos turísticos, sin embargo la medida es completamente injusta para los propietarios que se encuentran en una situación de abuso por parte de las mafias, los inquilinos deshonestos y el Ayuntamiento de Barcelona.
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